La implementación del Buen Vivir: ¿grandes expectativas, grandes decepciones?

La inclusión del Buen Vivir en constituciones, políticas públicas y proyectos en América Latina ha decepcionado a sus defensoras

En mayo de 2021 la revista Latin American Perspectives publicó un dossier sobre la implementación del “buen vivir” (en adelante BV) en la región andina. El dossier incluye un artículo introductorio, dos artículos que exploran la genealogía y significado de BV y otros diez que documentan las “realidades de la implementación”, especialmente en el caso de Ecuador, pero también en políticas y programas en Bolivia, Perú y Chile. En esta reseña comentaré los aspectos que encontré más interesantes en el dossier.

El BV tiene un origen híbrido. En uno de los artículos del dossier, Beling y colegas (2021) rastrean el origen del BV a las décadas de 1980 y 1990 y señalan la influencia de antropólogos europeos en las primeras formulaciones del concepto. La difusión del BV fue impulsada por organizaciones latinoamericanas, como la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (Ecuador), que propuso el BV como alternativa al desarrollo sostenible en la década de 1990, pero también por el gobierno alemán (a través de su agencia de cooperación, entonces conocida como GTZ), que financió proyectos y encuentros que facilitaron la circulación del BV a inicios de la década de 2000.

El BV no es una corriente única. Carpio y Ullán (2021) reconocen dos vertientes del BV: una indigenista (Sumak Kawsay), de la que es pionero Carlos Viteri, y otra marxista, representada, entre otros, por Alberto Acosta. Beling y colegas (2021) reconocen una tercera variante ecologista y post-desarrollista, a la que pertenecen Arturo Escobar, Maristella Svampa y Eduardo Gudynas, entre otros autores y autoras. En otras palabras, podríamos hablar de variedades de BV o buenos vivires.

La institucionalización del BV puede ser más ritual que efectiva. A pesar de la incorporación del BV en las constituciones y políticas de Ecuador y Bolivia y en proyectos y prácticas del desarrollo en algunos países andinos, varias autoras y autores del dossier expresan descontento por la limitada implementación del BV y denuncian la manipulación del término para justificar políticas que en realidad lo contradicen, así como la reducción de sus postulados a “aspectos rituales y folclóricos” (Beling et al., 2001, p. 27). 

El Buen Vivir ha sido adoptado en los planes nacionales de desarrollo de Ecuador
El Buen Vivir ha sido adoptado en los planes nacionales de desarrollo de Ecuador

El caso de Ecuador: decepciones y logros. Varios artículos abordan el caso de Ecuador y señalan que las políticas de la administración Correa no reflejaron el ideario del BV que, supuestamente, las orientaba. Por ejemplo, el Plan Nacional para el Buen Vivir incluía actividades extractivas como fuente de financiación (van Teijlingen y Fernández-Salvador, 2021). Del mismo modo, Goeury (2021) describe un divorcio entre las promesas de la administración Correa y su giro neo-extractivista y señala que “las comunidades indígenas que antes eran consideradas aliadas estratégicas de la nueva administración [pasaron a ser] vistas como enemigas de la Revolución Ciudadana, defendiendo sus intereses sectoriales a costa del bien común de la Nación” (2021, p. 220). Sin embargo, no todos los artículos presentan una visión negativa de la administración Correa: Echavarría y Orosz (2021) reconocen algunas limitaciones en las políticas educativas de Correa, pero elogian los logros en la ampliación de la cobertura y la calidad de la educación—logros que, a juicio de los autores, son necesarios para realizar el BV. Por su parte, Carpio y Ullán (2021) identifican siete ejes de implementación del BV y hacen un balance que permite apreciar la gran variedad de obstáculos políticos, económicos y jurídicos que enfrentaron esas políticas en el caso ecuatoriano. Además, estos siete ejes son un buen referente para comprender cómo se traduce el BV—un discurso que a veces es demasiado abstracto o general—en políticas públicas específicas.

El caso de Ecuador: ¿cómo explicar el giro de Correa? Varios artículos del dossier ofrecen hipótesis sobre los resultados de la implementación del BV en Ecuador. Goeury (2021) propone que el divorcio entre el discurso del BV y las políticas de Correa se debió a la existencia de una “democracia delegativa” (O’Donnell, 1994), pero su análisis presta poca atención al contexto político y económico. Carpio y Ullán (2021) señalan tres factores: la habilidad de las élites para influir en la economía y frenar reformas inconvenientes para sus intereses, el debilitamiento del movimiento popular (debido a una combinación de clientelismo, cooptación y criminalización) y el “hiperpresidencialismo”. Sin embargo, no desarrollan con mayor profundidad este argumento.

Por su parte, Forero (2021) enfoca su atención en el contexto económico nacional e internacional, analiza la influencia de multinacionales y gobiernos extranjeros y concluye que, más que un modelo neoextractivista, las políticas de Correa fueron un resultado del limitado margen de maniobra que tienen los países periféricos, el cual hace prácticamente imposible implementar programas radicales de reforma. La economía ecuatoriana está dolarizada desde hace más de 20 años y, en este contexto, la caída de los precios del petróleo y el aumento del déficit comercial forzaron un giro en la política comercial—un aspecto sobre el cual el BV no ofrece muchas orientaciones prácticas. Por ejemplo, pese a su reticencia a firmar acuerdos comerciales, Correa debió dar luz verde al acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. También tuvo que cancelar la iniciativa ITT-Yasuní—mediante la que buscaba recaudar fondos internacionales para declarar una moratoria en la explotación petrolera, proteger el parque natural Yasuní y financiar la transición energética ecuatoriana—debido al escaso apoyo económico recibido de la comunidad internacional.

La economía ecuatoriana está dolarizada desde el año 2000
La economía ecuatoriana está dolarizada desde el año 2000

El BV se ha difundido pero también ha sido resignificado. A medida que el BV se ha difundido en la región, ha sido apropiado y resignificado por organizaciones indígenas y por burocracias estatales. Por ejemplo, fue adoptado y traducido (tajimat pujut) por organizaciones peruanas a comienzos de la década de 2000, gracias a la influencia de sus pares bolivianas y ha sido enarbolado para significar su propia “visión del desarrollo” y para defender el reconocimiento legal de sus territorios ancestrales (Merino 2021). En Chile, el BV ha sido apropiado por profesionales del PESPI—un programa estatal de salud dirigido a los indígenas creado en 1996—y, en el proceso, ha sido “despojado de sus conexiones con cuestiones como el acceso al territorio, la transformación de la relación con la naturaleza y la suspensión de […] el sistema neoliberal” (Carreño-Calderón, 2021, p. 78). Picaroni y sus colegas (2021) también advierten que la incorporación de las nociones de salud de los indígenas Williche en los programas estatales ha sido incompleta en la medida que esas nociones cuestionan las premisas de la medicina occidental y ven la salud física como algo que no es individual sino colectivo y relacionado con la naturaleza. 

La diversidad de puntos de vista de los indígenas. El BV tiene sus raíces en el pensamiento ancestral de unos pueblos indígenas, pero no todos los indígenas contemporáneos comparten siempre sus premisas. Por ejemplo, van Teijlingen y Fernández-Salvador (2021) muestran que las respuestas de los indígenas a un proyecto de minería a gran escala en Ecuador incluyen rechazo y desengaño—pero también esperanza frente a la promesa de empleos, escuelas y hospitales. Del mismo modo, Alderman (2021) documenta un proyecto de 188 “viviendas de emergencia” en el municipio boliviano de Charazani, construido durante la administración de Evo Morales, para alojar a hogares indígenas que perdieron sus viviendas debido a inundaciones. El diseño y el material de las viviendas no respetó las cosmovisiones indígenas y, posiblemente, contribuirá a fragmentar las comunidades, pero muchos de sus habitantes no solo están satisfechos con sus viviendas sino que, de hecho, aceptaron gustosos que se construyera con cemento y no con adobe, como se hacían tradicionalmente.

En síntesis, la implementación del BV ha sido más difícil y compleja de lo que sus defensoras y defensores pensaban y, tal vez, esto se relacione con dos vacíos que, a mi juicio, son evidentes en este dossier: el primero es la ausencia de un modelo transicional u hoja de ruta que indique de qué manera una economía puede transitar hacia el BV, cuál es la trayectoria deseada de variables macroeconómicas fundamentales como el gasto público y la tasa de cambio, qué sectores de la economía debería contraerse o expandirse y qué instrumentos de política se requieren para esta transición, por mencionar algunos aspectos. Los siete ejes de implementación que identifican Carpio y Ullán (2021) son un buen punto de partida, pero haría falta especificar cómo interactúan esos ejes con otras variables y políticas económicas y sociales.

El segundo vacío es la ausencia de un análisis de economía política sobre la viabilidad política de las reformas que propone el BV y sobre la manera en que diferentes gremios, conglomerados, sindicatos, partidos y movimientos sociales podrían impulsarlas, bloquearlas, cooptarlas o manipularlas. Tal análisis pemitiría superar el fetichismo constitucional, abandonar las narrativas de héroes versus villanos y reconocer que una victoria electoral, incluso en los comicios presidenciales, no basta para materializar el BV.

Referencias

O’Donell, G. A. (1994). Delegative democracy. Journal of Democracy5(1), 55-69.

Las demás referencias se encuentran en Latin American Perspectives 48(3), mayo de 2021.