La pregunta que sirvió de título a este webinar, organizado por el International Inequalities Institute (London School of Economics), nos recuerda que la desigualdad en nuestro continente es francamente extraordinaria. A decir verdad ningún/a panelista se animó a resolverla, pero sí presentaron hipótesis, estadísticas e ideas sugestivas sobre sus tendencias recientes y su relación con las políticas sociales.
Nora Lustig (Tulane University & Brooking Institution) presentó estadísticas sobre la evolución reciente de la desigualdad de ingresos en América Latina, que se redujo prácticamente en todos los países de América Latina entre 2002 y 2013. La reducción de la desigualdad fue más pronunciada en los países gobernados por partidos de izquierda. Sin embargo, Lustig advirtió que las estadísticas sobre desigualdad de ingresos en América Latina suelen calcularse con datos de encuestas de hogares; éstas no capturan correctamente los ingresos de los hogares más ricos y, por lo tanto, llevan a subestimar la desigualdad. Listing ilustró esta idea con datos de Chile, Uruguay y Brasil. [1]
Según la expositora, los principales determinantes de la reducción de la desigualdad en América Latina fueron la ampliación del acceso a la educación, que llevó a que la oferta de trabajo calificado creciera más rápido que la demanda, y la expansión de las transferencias monetarias a la población más pobre. Esto implica que los retornos relativos de la educación secundaria y superior han caído y, aunque esta fuera una buena noticia para el coeficiente de Gini, no lo fue tanto para quienes ingresaron a la educación superior. En cuanto a las transferencias, advirtió que es difícil hacer generalizaciones, pues los países de la región son heterogéneos: mientras países como Guatemala, Colombia o Perú tienen un sector público relativamente pequeño y un gasto social poco redistributivo, otros como Argentina presentan el cuadro opuesto.
Lustig también advirtió que la reducción de la desigualdad de ingresos se ha desacelerado desde 2013 debido a restricciones fiscales, que provocaron una reducción del gasto social (por ejemplo en Argentina y México) y a la evolución del mercado laboral: mientras los salarios de los trabajadores menos calificados no han crecido, la oferta de trabajadores calificados sigue creciendo pero a un ritmo menor. Las perspectivas son desalentadoras debido a que la pandemia ha provocado una reducción sustancial en las tasas de graduación de la secundaria de jóvenes cuyos padres tienen menos años de educación; mientras las tasas de graduación se han reducido en aproximadamente 8.5% en Colombia y Argentina, han caído entre 30% y 35% en México y Brasil. De allí que las tasas de graduación en secundaria en el continente podrían caer a los niveles vistos hace unos 50 o 60 años.
Según Santiago Levy (Brookings Institution), los sistemas de seguridad y protección social en América Latina no contribuyen a reducir la desigualdad, favorecen el estancamiento de la productividad factorial total y premian la informalidad. Por ejemplo, mientras los trabajadores de menores ingresos no logran pensionarse, los de mayores ingresos reciben pensiones subsidiadas. Si bien las transferencias condicionadas han contribuido a aumentar el capital humano, no se han traducido en más empleos de alta productividad. Mientras los programas contributivos son excluyentes y encarecen la operación de la economía formal, los no contributivos han compensado la exclusión de los primeros, pero han incentivado la informalidad y, de esta manera, han condenado a las economías a la baja productividad. Debido a esto, incluso en economías dinámicas—como República Dominicana, Perú y México—persistieron la informalidad y la pobreza y, además, la productividad factorial creció poco o incluso se redujo.
La tesis de Levy fue muy similar a la de su libro sobre el caso mexicano (Levy 2008), pero extendida ahora a América Latina—un salto arriesgado si consideramos la advertencia de Lustig sobre la diversidad de políticas en América Latina. Por otro lado, hubiera sido interesante examinar la economía política detrás de su argumento, es decir, las circunstancias políticas e institucionales que explican que países tan diversos hayan adoptado un sistema tan disfuncional como argumentó Levy. En cualquier caso, su presentación fue interesante porque permite avizorar—o imaginar, al menos—las recomendaciones que hará como co-director de la Misión de Empleo creada por la administración Duque en Colombia. Como referencia, en su libro sobre el caso mexicano Levy recomendó eliminar las contribuciones sobre la nómina y crear un sistema universal de salud, pensiones y desempleo financiado con un impuesto al consumo del 8%.
Las tres presentaciones restantes fueron menos informativas y más especulativas que las dos anteriores, por lo que no me detendré mucho en los detalles:
- Andrés Velasco (LSE) propuso que la reciente ola de protestas en Chile, Colombia y otros países de América Latina no se debió a la creciente desigualdad, sino a la desconfianza en las instituciones y los sistemas electorales.
- Marcela Meléndez (PNUD) basó su presentación en el Informe de Desarrollo Humano de 2021 y abordó diversos temas sobre los que, sin embargo, no tuvo tiempo de profundizar. Por ejemplo, dijo que la conversación global sobre la concentración del ingreso no puede usarse como marco de referencia para pensar sobre la desigualdad en América Latina y argumentó que la interferencia de las elites en la formación de políticas es parte de los problemas de tributación regresiva y de las deficiencias de las políticas de competitividad. También habló sobre la relación entre la desigualdad y los medios de comunicación masiva, la educación, la violencia pero la limitación de tiempo no le permitió profundizar.
- James Robinson (University of Chicago) invitó a analizar la desigualdad desde una perspectiva sociológica y a considerar la hegemonía y circulación de las elites en América Latina. Por ejemplo, argumentó que mientras hace unos años los gerentes de los principales grupos empresariales peruanos eran limeños y blancos, hoy provienen de diversas ciudades e incluyen “cholos”. También invitó a considerar manifestaciones culturales de la desigualdad, como los nombres que dan los indígenas bolivianos a sus hijos e hijas o la vestimenta de las empleadas domésticas en Bogotá.
Este webinar sirvió como evento de lanzamiento para un un proyecto de investigación de cinco años sobre la desigualdad en América Latina en el que participarán, entre otras autoras y autores, Francois Bourguignon, Ana María Ibáñez y Adriana Eslava. El proyecto es una iniciativa de LSE, la Universidad de Yale, el Instituto de Estudios Fiscales (UK) y el BID. Además de múltiples eventos, este proyecto publicará dos volúmenes que recogerán los resultados del proyecto. Quienes deseen conocer la evolución de este proyecto pueden seguir el hashtag #LACIR
Notas
[1] Piketty (2014) argumentó algo similar usando datos de Colombia y Argentina.Referencias
Levy, S. (2008) Good intentions, bad outcomes: social policy, informality, and economic growth in Mexico. Brookings Institution Press.
Piketty, T. (2014) Capital in the Twenty-First Century. Belknap Press.